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Inicio del juicio de La Seda: la juez cita a declarar a Rafael Español el día 20

Jordi Sacristán

BARCELONA. Se sube el telón. El juicio a los anteriores gestores de La Seda de Barcelona empieza la próxima semana en el juzgado número 3 de El Prat (Barcelona). La juez titular ya ha realizado las primeras citaciones de los imputados para tomarles declaración. Los dos primeros serán el ex presidente de la compañía, Rafael Español, y el ex directivo, Aurelio González Isla, director químico y estratégico del grupo.

El juicio se inicia después de que el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo decidiese que el juzgado competente para aglutinar todas las querellas relacionadas con La Seda es el de El Prat y no la Audiencia Nacional, tal y como el fiscal encargado de la investigación policial, Francesc Bañeras, había solicitado. En su opinión, el caso debía ser trasladado a la Audiencia Nacional ya que el perjuicio patrimonial que se ha detectado es de gran envergadura y, además, afecta a un grupo de personas residentes en diferentes comunidades autónomas. Una vez resuelto el tema de competencias, Bañeres ha decidido asumir personalmente el papel de fiscal del caso, según señalaron fuentes cercanas al caso.

La estructura del juicio también tendrá algunas peculiaridades. El fiscal ha decidido presentar ante la juez cuatro querellas independientes, que se juzgarán de forma individual con el “objetivo de simplificar un caso de extremada complejidad”, indicaron.

La primera de las querellas presentada por el fiscal Bañeres se refiere a la presunta falsedad en la venta de 60.000 toneladas de plástico PET por parte de La Seda de Barcelona a dos empresas (una rusa y otra turca) por valor de 68 millones de euros. Según el informe fiscal, la venta y posterior devolución de la mercancía nunca se produjo y por ese motivo acusa a los imputados de los delitos de “contratos simulados”, “administración desleal y apropiación indebida”, “falsedad” y “delito fiscal”.

En esta querella aparecen como imputados como responsables de los delitos Rafael Español, Aurelio González Isla y el exdirector financiero de La Seda, José Sanz Laguna.

Imputados como colaboradores necesarios se cita al director de la división de PET de La Seda, Sinforiano Sisniega, y al auditor de La Seda, José Trejo Martín, socio de la firma Horwarth. También se imputa a Joaquín Francisco García Carpinell; Santiago Marsella; Vladimir Karamian, yAbdalah Alí como firmantes de los presuntos contratos falsos de compraventa.

A La Seda como compañía también se la imputa por delito fiscal

Tres piezas separadas más

Las otras tres querellas que defenderá Bañeres en el juzgado se  refieren a las operaciones de compra venta de acciones de La Seda con perjuicio para los accionistas, venta de licencias de tecnología a la empresa Provimola y un préstamo de18 millones a la empresa Jatroil.

Los cuatro juicios se desarrollarán en paralelo y no hará falta que uno concluya para que se inicie el otro.

EL ECONOMISTA SÁBADO, 14DE ENERODE 2012

http://www.eleconomista.es/catalunya…el-dia-20.html

UNIDOS PODEMOS

APPE potencia la calidad de las preformas de PET

APPE ha invertido 1,5 millones de euros para desarrollar e instalar la tecnología Sample-PreWatcher, de Intravis GmbH, dedicada a la inspección automática de los parámetros de calidad clave de las preformas.

La fabricación de preformas en PET, debido a la creciente demanda y necesidades de los mercados, se enfrenta al reto de utilizar aditivos de rendimiento y mezclas de resinas, como por ejemplo del reciclado de PET, lo que complica el proceso.

APPE, para continuar con su compromiso de asegurar productos de alta y consistente calidad se dirigió a Intravis GmbH, que ha desarrollado equipos como el sistema ColourWatcher, que asegura la consistencia del color en las preformas, PreWatcher para la selección de preformas de alta velocidad y BottleWatcher para la inspección de contenedores.

La revolucionaria tecnología Sample-PreWatcher desarrollada por Intravis, ha contado también con la aportación del equipo paneuropeo de calidad de APPE.

Sample-PreWatcher
Sample-PreWatcher reemplaza la inspección manual. El sistema proporciona un análisis automatizado, rápido y en mayor profundidad de las preformas. Esta nueva tecnología también realiza tareas tales como: una inspección visual completa, análisis del color, el reconocimiento del número de cavidades y el examen de la dimensión del cuello.

El equipo de calidad de la división de packaging de La Seda de Barcelona, APPE, ha contribuido con los ingenieros de Intravis en el desarrollo de tareas extras como  el control de peso, el análisis de las rebabas y la variación del grosor de pared.

Los beneficios de este sistema avanzado son enormes, como explica Billy Jansen, Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y Sostenibilidadde de APPE: Esta herramienta, fuera de línea, proporciona un análisis rápido de los parámetros de calidad clave de la preforma. Da apoyo a los equipos operativos y de calidad de APPE presentando unos datos rápidos y precisos en los períodos más críticos de producción, como son, el arranque y las interrupciones del proceso, así como una actividad de calidad rutinaria.

La Seda de Barcelona (LSB) ha implementado la tecnología Sample-PreWatcher, en todas sus plantas de packaging con mayor volumen de producción, y es el primer fabricante de preformas en hacerlo. La importante inversión subraya el compromiso de la empresa con la calidad en todas las áreas del proceso de producción.

http://www.mundoplast.com/noticia/appe-potencia-calidad-las-preformas-pet/64440

Denuncia contra Castells

Un mutualista de Fiatc ha presentado ante la Dirección General de Seguros una solicitud de inhabilitación del presidente de Fiatc, Joan Castells, por una presunta incompatibilidad con su función dentro de la institución.

Pedro Calderón, con más de veinte años de mutualista, ha hecho esta denuncia al interpretar una vulneración del artículo 20 del Reglamento de Seguros Privados.

Según Calderón, Castells fue, al tiempo que presidente de Fiatc, vicepresidente, y presidente en funciones, de La Seda de Barcelona, cargo del que dimitió en junio de 2009, así como miembro de su comisión ejecutiva y presidente de nombramientos y retribuciones de aquella sociedad.

Este mutualista ha asegurado que este presunto conflicto de intereses generó unas pérdidas de 30 millones de euros en Fiatc. El demandante ha señalado que se formalizaron pólizas de seguros de La Seda a cargo de Fiatc, así como la compra de acciones de la compañía química.

Calderón, que ha anunciado la próxima creación de una asociación de mutualistas por este asunto, ha añadido que esta información también ha sido trasladada al director general de política financiera y seguros de la Generalitat, Jordi Òliva.

E-noticies se ha puesto en contacto con Fiatc y está a la espera de la versión de la compañía.

http://sociedad.e-noticies.es/denuncia-contra-castells-59845.html

Indultar banqueros también es de izquierdas

Hay que reconocerle a Zapatero su coherencia política. Hasta el final se ha entregado al Banco Santander a cambio de que Botín -¿recuerdan el ‘desayuno con tirantes’?- hiciera el caldo gordo a una política económica que conducía inexorablemente a la ruina. El silencio, y hasta la complacencia del banquero cántabro respecto de la situación económica y de las decisiones del Consejo de Ministros, sólo es comparable al mantenido por otros prebostes del empresariado patrio, siempre dispuesto a cuidar sus predios aunque se hunda el país. El problema, sin embargo, es que España roza el abismo, y, al final, el desastre ha acabado por anegar sus propias haciendas. Ya nadie se salva en la devastada España que deja Zapatero. Ni siquiera el Santander, que ha perdido más de la mitad de su valor en Bolsa. Tanto apoyo para esto, debe pensar ahora con razón el cántabro, que, al menos, ha conseguido salvar la cabeza de su ‘número dos’.

En el fondo, este es el principal problema de la decisión del Consejo de Ministros de indultar a Alfredo Sáenz. No es tanto el hecho de que el Ejecutivo se cargue de un plumazo una sentencia firme del poder judicial (¡Viva Monstesquieu!), sino que intereses particulares acaben por empozoñar la vida pública hasta límites insoportables. Envileciendo un poco más la acción política y aumentando el descrédito de la clase dirigente. Tras la decisión del Consejo de Ministros, la opinión pública tiene derecho a pensar que algo huele a podrido en Moncloa. Los que se van, indultan a un banquero condenado por un delito extremadamente grave (enviar a la cárcel a un empresario por una denuncia falsa), y lo que entran, aparecen como incapaces de cuestionar la tropelía amparándose en que todavía no gobiernan. Como si cualquier otra decisión de carácter político y no meramente administrativa que hubiese tomado el Consejo de Ministros en funciones no hubiera sido convenientemente denunciada y aireada por el Partido Popular.

 

Tras la decisión del Consejo de Ministros, la opinión pública tiene derecho a pensar que algo huele a podrido en Moncloa. Los que se van, indultan a un banquero condenado por un delito extremadamente grave (enviar a la cárcel a un empresario por una denuncia falsa), y lo que entran, incapaces de cuestionar la tropelía amparándose en que todavía no gobiernan

 

No hay que olvidar que la figura del indulto, en contra de lo que pretende aparentar el Gobierno, tiene que ver con una decisión política, no técnica, y su encaje constitucional es más que discutible. Sobre todo a la luz de un hecho incuestionable. El derecho de gracia está todavía básicamente regulado por una ley de 1870 claramente obsoleta, remendada muy sucintamente en 1988 de forma insuficiente porque no define los límites del poder Ejecutivo -aunque el indulto lo sancione formalmente el rey- para tomar una decisión que supone pisotear la independencia judicial a la hora de dictar sentencias. Este amplísimo margen de maniobra -que convierte el derecho de gracia en una cuestión discrecional y en muchos casos hasta arbitraria-, se explica, sin duda, por la ambigüedad del texto constitucional, que se limita a decir que se faculta al Rey a “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Y da la sensación, efectivamente, de que el indulto de Sáenz tiene mucho de real. Como la deplorable decisión de Tribunal Constitucional liberando en su día a los albertos de ingresar en prisión por un delito de estafa.

Ni que decir tiene que una legislación tan laxa y hasta gaseosa en materia de indulto -más allá de las formalidades del procedimiento que instruye el Ministerio de Justicia- da al Gobierno un poder que se sitúa extramuros de la Constitución, lo que explica que muchos juristas -como se puso de relieve incluso durante el debate constitucional- hayan atacado la institución del indulto por ser incompatible con un sistema democrático moderno, en el que las decisiones judiciales son inapelables. Y menos cuando sólo se pretende favorecer intereses de parte y no de la comunidad general.

Ya Cesare Beccaria, en un libro imprescindible* incluso para los legos en cuestiones judiciales, advertía que la clemencia es la virtud del legislador y no del ejecutor de las leyes [el Gobierno], y por eso debe resplandecer en el código, no en los juicios particulares, porque “al hacer ver a los hombres que se pueden perdonar los delitos o que la pena no es una consecuencia necesaria, se fomenta el atractivo de la impunidad”.

 

No parece que el indulto a Alfredo Sáenz tenga que ver con la ética o con razones humanitarias. El banquero fue condenado en firme no por cometer un delito relacionado con actividades extraprofesionales; sino, por el contrario, por ejercer con malas artes su oficio de banquero. Lo curioso del caso es que su indulto pone de relieve las lagunas del sistema judicial.

 

Y hubo impunidad cuando Aznar indulto de forma parcial a Barrionuevo y la cúpula de Interior por el secuestro de Segundo Marey. O, fuera de nuestras fronteras, cuando Bill Clinton levantó la condena al empresario Marc Rich (acusado de fraude fiscal y otros delitos económicos) en el último día de su mandato presidencial. O cuando George Bush indulto a Lewis Scooter Libby, el ex jefe de gabinete del vicepresidente, Dick Cheney, para evitar que tuviera que ingresar en prisión. Libby estaba acusado de un delito muy grave, filtrar a la prensa la identidad de la ex espía de la CIA Valerie Plame para silenciar las mentiras sobre la guerra de Irak.

El indulto, por lo tanto, supone colocar al Ejecutivo por encima de la ley, algo que podría justificarse en el pasado cuando el poder -y a veces hasta la autoridad- descansaban en el gobernante y no en los jueces. Pero los avances de la sociedad democrática no justifican de ninguna manera su pervivencia, salvo por razones éticas o humanitarias en busca de la justicia efectiva que en determinados casos se puede llegar a necesitar En ningún caso, por razones políticas como, por ejemplo, reclaman ahora algunos dirigentes nacionalistas para sacar a los etarras de prisión de forma individualizada y saltarse así el espíritu constitucional.

Y no parece que el indulto a Alfredo Sáenz tenga que ver con la ética o la acción humanitaria. El banquero fue condenado en firme no por cometer un delito relacionado con actividades extraprofesionales; sino, por el contrario, por ejercer con malas artes su oficio de banquero. Lo curioso del caso es que su indulto pone de relieve las lagunas del sistema judicial. El Banco de España se negó a apartarle del cargo en su día -contraviniendo su propio ordenamiento jurídico- argumentando que aunque la sentencia era firme, Sáenz había reclamado al Constitucional; pero curiosamente el Gobierno lo indulta, precisamente, porque la sentencia ya es firme. Lo que para una institución vale, para la otra no, lo cual es un sinsentido jurídico.

Es por eso, que el indulto de Sáenz -el banquero mejor pagado de España- no tiene nada que ver con el derecho de gracia, nacido para corregir los excesos del poder judicial en naciones no democráticas y sin separación de poderes, sino con intereses de parte claramente alegales que necesariamente hay que relacionar con el compadreo y el chalaneo político, y que convierten a la justicia en filfa. No con el derecho. Algo que desacredita a todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de forma colegiada en la decisión. Será interesante conocer qué dirá a sus alumnos el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, cuando vuelva las aulas después de reclamar durante años ética y sensatez en los actos políticos.

http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2011/11/27/indultar-banqueros-tambien-es-de-izquierdas-8325/

Tendrá algo que ver esta otra noticia?

Santander ‘refinanció’ la deuda del PSOE y dio una hipoteca a Zapatero durante su mandato http://www.elconfidencial.com/economia/2011/11/28/santander-refinancio-la-deuda-del-psoe-y-dio-una-hipoteca-a-zapatero-durante-su-mandato-88466/

Danone reconoce que sus envases PLA no son ‘ecológicos’

 

Danone bien podría aplicar aquella máxima que dice que ninguna buena acción quedará impune. Sus esfuerzos por desarrollar envases de bio-plástico se han estrellado con el rigor de una ONG ecologista que denunció a la compañía por publicidad engañosa. Tras varios meses de litigio y un estudio independiente Danone ha aceptado retirar el reclamo ecológico de sus envases de PLA, pero los seguirá utilizando. ¿Golpe de gracia al PLA?

Lunes, Noviembre 21, 2011
La escasez de recursos, los costes ocultos de ciertas tecnologías y el impacto ambiental negativo de ciertos insumos han impulsado a los fabricantes a buscar alternativas que satisfagan las expectativas de los cada vez más exigentes consumidores.

En ese orden de ideas Danone decidió apostar por el desarrollo de un envase de plástico de origen vegetal basado en el ácido poliláctico PLA, para el cual contó con el apoyo de la ONG WWF, famosa por su compromiso con la defensa del medio natural.

El lanzamiento del envase para su línea de yogures Activia en Alemania coincidió con la feria Interpack, donde fue presentado como un ejemplo de la apuesta de Danone por los envases ‘ecológicos’. Pero la dicha duraría poco.

Otra ONG ecologista, la Asociación Alemana de Ayuda al Medio Ambiente (DUH), denunció a Danone ante un tribunal de Münich por publicidad engañosa al poner en duda los beneficios del plástico basado en PLA frente al plástico tradicional derivado del petróleo.

También critican el uso de maíz transgénico como una materia prima de PLA.

Crónica de una muerte anunciada

Y sí, la DUH tenía la razón. El PLA no es, hoy por hoy, una alternativa ecológica, es más bien una promesa, una promesa frustrada tal vez por esta posición radical de la ONG ecologista.

No era la primera vez que intentaba introducir el envases de plástico con PLA, ya en 1988 lo intentó, pero el mercado no estaba maduro para una oferta de este estilo. Ahora, con el alto precio del petróleo y la preocupación por los gases de efecto invernadero el mercado estaba más preparado.

Danone era consciente que su apuesta por el PLA era el inicio de un proceso. Así lo expresó el responsable del proyecto, Rainer Barthel, en Interpack y así quedó consignado en el informe de Danone encargó al respecto.

Si los ecologistas no entienden este proceso de industriaización y Danone deja vacíos en su estrategia de comunicación, ¿Qué papel debe asumir el consumidor?

Danone tenía claro que el compostaje de vasos de yogur no le daba ninguna ventaja ecológica. Cualquier tipo de recolección, clasificación, reciclaje o recuperación da mayor valor agregado que el compostaje, desde el punto de vista ecológico.

Danone buscaba, además de experiencia, ganar volumen a partir de la adopción de la tecnología PLA por parte de otros fabricantes. Era en ese momento en donde con una masa crítica se prevería que el PLA podía obtener las credenciales ‘verdes’ gracias al reciclaje de PLA a PLA.

Cuando lo verde va en contra de lo verde

Al parecer DUH no comprendió el proceso, ni los tiempos y decidió descubrir todas las limitaciones, reales a esta escala y en este momento del PLA. Como tampoco Danone fue conciente que una cosa son los deseos verdes y otra las realidades.

Entre la rigidez de unos y la falta de tacto de otros se torpedea así un proceso de aprendizaje y de escalamiento que es necesario en el desarrollo de nuevas tecnologías de envasado.

Ahora, Danone se ha visto obligada a retirar de sus envases el reclamo de ‘envase ecológico’, pero no cejará en su empeño, y seguirá envasando el Activia en envases de PLA en Alemania.

No se sabe si este traspié le obligará a hacer lo mismo con los envases PLA de su marca de yogurt Stonyfield Farm en EEUU. Pero para algunos analistas, este incidente pone en riesgo la viabilidad de la tecnología PLA.

Danone mantiene la esperanza de reducir su huella de carbono un 20% en los próximos años gracias al uso de envases biodegradables de origen vegetal. afortunadamente no ha puesto todos los huevos en la cesta del PLA y cuenta con alternativas como el “I’m Green” tecnología basada en residuos de caña de azúcar de Braskem.

http://www.clubdarwin.net/seccion/packaging/danone-reconoce-que-sus-envases-pla-no-son-ecologicos?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+clubdarwinnet+%28ClubDarwin.net+-+Solo+conversaci%C3%B3n+profesional%29

El camino ha seguir es el R-PET 100%. Reciclado & Reciclable..

Y una cultura para reciclar todo.

(Esto se producirá por fuerza y por los precio elevados de las materias primas, en un futuro próximo).

El PET y R-PET hoy por hoy, son los productos más baratos y eficientes que hay para el Packaging.

Y se demuestra que los productos sustitutivos, les queda un largo camino. Y más si quieren ponerse la etiqueta de ecológicos.

PD: Sería cuestión que la Seda, de invitar a Danone y las principales empresas del sector, a mostrarles todo nuestro gran catálogo de Packaging. Y sobretodo el tema del Reciclaje. Y nuestros objetivos para el futuro. Que será, condición obligatoria en menos de 2 años en el sector. (100 % R-Pet y una mezcla de otros productos “ecológicos”).

 

Los auditores amenazan con denunciar a Mas en Bruselas por favorecer a algunas empresas

Antonio Fernández. Barcelona 30/07/2011

Los auditores catalanes están que trinan. Las últimas auditorías encargadas por la Generalitat han levantado ampollas, ya que sospechan que “han sido teledirigidas”. Por ejemplo, las cuentas del último GobiernoTripartito serán auditadas por la compañía Deloitte, que se embolsará por ello 885.000 euros. Además, PriceWaterhouseCoopers (PwC) se puede llevar también unos buenos honorarios por dirigir la venta de los edificios públicos del Gobierno puestos a la venta desde esta semana. Hay varias decenas de grandes compañías interesadas en una operación de 1.200 millones de euros que le reportarían a la consultora el 2% del monto total. O sea, una perita en dulce.

Estas dos compañías, además, han tenido otros contratos suculentos del Gobierno en los últimos meses. Pero las sospechas de profesionales del sector y de organizaciones políticas se sustentan en los nombres que hay detrás de estas dos compañías que parecen haber encontrado su particular Eldorado en la administración catalana: en Deloitte, se encuentra David Madí, director de la campaña política del presidente catalán, Artur Mas, y responsable de Comunicación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta el pasado mes de diciembre. En PwC oficia de alto cargo Joaquim Triadú, ex consejero de Presidencia de la Generalitat con el último Gobierno de Jordi Pujol.

“Demasiadas coincidencias”, dice a El Confidencial un conocido auditor catalán. Los dos son las cabezas visibles de lo que en algunos círculos se conoce ya como el “nuevo sector de los negocios” de CiU. Lo malo es que la actividad de Madí puede afectar directamente al propio presidente catalán, porque hasta hace pocos meses eran uña y carne. Es más: lo sospechoso fue que Madí abandonase la actividad política días después de que CiU ganase las elecciones para dedicarse a la “empresa privada”, en la que jamás había estado excepto por haber tenido algún cargo simbólico en dos empresas -una con licencia hostelera hace veinte años y otra familiar-. Pero desde diciembre pasado, llegó a crear cinco sociedades dedicadas a asesoría, cuatro de ellas con el mismo domicilio, el mismo objeto social, el mismo capital social y el mismo accionista. Incluso entre círculos convergentes “de toda la vida” han saltado las alarmas por las implicaciones políticas que ello puede tener.

Recientemente, el Gobierno sacó a concurso la auditoría de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Todo normal excepto por una cláusula draconiana: la compañía que se lo lleve debe facturar más de 100 millones de euros anuales en los últimos tres años (ver noticia), condición que, según fuentes del sector de auditorías, sólo cumplen estas dos empresas.

Pero hay más: a mediados de este mes de julio, PwC y Deloitte, coincidieron por casualidad en la puja por un contrato de la empresa pública Tabasa, un Análisis de la viabilidad económica, financiera y jurídica y valoración económica bajo el PEF actual y bajo diferentes escenarios. Un informe al que se presentaban PwC, Deloitte y KPMG. Fue adjudicado a la primera empresa. Lo curioso es que el importe económico ofrecido por Deloitte y Pwc era exactamente el mismo (82.600 euros más IVA) y el plazo de entrega de los trabajos también: 1,16 meses. Otra sospechosa coincidencia que ha hecho saltar las alarmas en el sector.

No se comprende una coincidencia tan milimétrica en una oferta, en primer lugar porque el presupuesto era superior a esa cantidad y, en segundo lugar, porque esta coincidencia se da en los dos ámbitos de puja, tanto en el económico como en el de ejecución. Esto induce a pensar que aquí hay gato encerrado”, critican fuentes empresariales a este diario.

A Bruselas por restricción de la competencia

Fuentes consultadas por este diario no descartan que puedan iniciarse acciones jurídicas contra el Gobierno catalán por supuesta restricción de la competencia, “ya que beneficia descaradamente a determinadas empresas, sea por motivos políticos o por otros”. Y estas acciones pueden llegar hasta Bruselas, donde la Generalitat sería acusada de limitar la competencia. Estas críticas provienen, esencialmente, del Grup 20 d’Opinió, que engloba a más de una veintena de auditores que representan el 10% de la facturación del sector.

A estas críticas dan pie algunas otras concesiones que se han puesto en marcha en las últimas semanas. Una de ellas es la del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), que acaba de salir a concurso por un precio máximo de 192.350 euros más IVA por cuatro años. Se trata de los servicios de auditoría relativos a proyectos de I+D+i financiados por las diferentes Administraciones públicas, los de las convocatorias de financiación de infraestructuras científico-tecnológicas, los de las revisiones de cuentas anuales de la Fundación IREC y la revisión del “método a implementar para la imputación de costes indirectos a los proyectos de I+D+i”.

En el pliego de cláusulas administrativas, sin embargo, se especifica que “será necesario acreditar la realización de un mínimo de 500 certificaciones de costes durante los últimos tres años de proyectos de I+D+i y subvenciones o préstamos de infraestructuras”. Además, detalla que es necesaria una “declaración responsable afirmando haber participado durante los últimos tres años, en la justificación de un mínimo de 10 proyectos europeos en las que es necesaria la colaboración del auditor en los procesos de revisión de las certificaciones por parte de los ‘officers’ de la Comisión Europea”. En otras palabras, que reduce sensiblemente los candidatos al contrato público y deja en manos de una multinacional su realización.

En otro concurso, para una auditoría del Puerto de Barcelona, que ahora preside el ex senador de CiU Sixte Cambra, las condiciones son que la compañía ofertante haya declarado una facturación superior a los 60 millones de euros durante el ejercicio del 2010. “CiU se había presentado a las elecciones como el valedor de las pequeñas y medianas empresas. Y lo que está haciendo es precisamente lo contrario, prohibiendo el acceso de las pymes, e incluso de grandes empresas, a los contratos públicos. Lo que se huele en las licitaciones que está sacando el Gobierno de Mas es a favoritismo político”, señalan fuentes del sector de auditoría a El Confidencial.

El tema, sin embargo, ha trascendido al terreno político. Tras la información publicada el pasado lunes por El Confidencial sobre las restricciones en la CCMA, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció que por las condiciones que han endurecido las condiciones para acceder a la misma, el tema no está claro. Según Rivera, Deloitte ha recibido ya 23 contratos del Gobierno de Mas. Teniendo en cuenta los antecedentes del señor Madí y sus dimisiones [tuvo que dimitir como secretario de Comunicación del Gobierno de Pujol por falsificar las encuestas públicas], no sólo es sospechoso, sino que empieza a oler mal que estas adjudicaciones acaben en el despacho que ha fichado al señor Madí”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/07/30/los-auditores-amenazan-con-denunciar-a-mas-en-bruselas-por-favorecer-a-algunas-empresas-82090/

Ver en nuestro foro Auditores del régimen.. transparencia?

LAS BOTELLAS DEEPGRIP® AMPLÍAN AÚN MÁS

APPE, la división de Packaging de LSB, líder europeo en la fabricación y conversión depreformas y envases, da a conocer una nueva tecnología que permitirá fabricar contenedores de PET de gran tamaño con un profundo rebaje para su fácil manipulación, aportando así una alternativa radicalmente nueva frente a las tradicionales botellas de soplado por extrusión en HDPE con asas integradas.
Desarrollada en colaboración exclusiva con Sidel, las nuevas botellas DeepGrip® podrán fabricarse en tamaños de hasta 7 litros con un profundo rebaje en cada lado,creando una eficaz asa integral. Los mercados finales incluyen productos de alimentación, lácteos, zumos, aceites comestibles, aceites para motor y productos del hogar y para el cuidado personal.

Según APPE esta tecnología combina una mayor comodidad con los múltiples beneficios conocidos del PET. En cuestión de marca y estética, por ejemplo, la transparencia del PET permite que el producto quede completamente a la vista, en tanto que la renombrada flexibilidad de diseño del PET permitirá fabricar diseños llamativos y hechos a medida para conseguir el máximo impacto en estantería.
Y lo que es igual de importante: las nuevas botellas ofrecen beneficios significativos en materia de sostenibilidad. Ofrecen ahorros sustanciales de peso frente a botellas de HDPE equivalentes y también aportan una alternativa ligera frente a las asas clipadas o empuñaduras integradas. Los contenedores de PET también son 100% reciclables y la solución DeepGrip® garantiza una botella de un único material para el flujo de reciclado.

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